​La explotación ilegal de oro incrementa la contaminación del Pilcomayo

El oro, ese metal reluciente que despierta avaricia en los hombres, es protagonista de un drama ambiental que amenaza con su expansión en la microcuenca baja del río San Juan del Oro. Ahí se ha detectado explotación ilegal de oro, además se ha identificado más de media centena de yacimientos de plomo y otros metales, de los que las autoridades nacionales prefieren guardar silencio.

No son el único problema, porque el agua de este río ya está cargado de al menos 13 contaminantes, según estudios técnico científicos de los últimos 15 años.

En el límite de los departamentos de Chuquisaca y Tarija, en las comunidades de Molle Aguada y Paicho Candelaria, el vacío legal de las competencias de supervisión sobre el uso de metales contaminantes prevalece, como también la maquinaria clandestina que remueve los márgenes del río en búsqueda de oro aluvial.

En Bolivia un 75 % de las cooperativas que explotan este metal usan mercurio, técnica relativamente sencilla que no requiere montos de inversión muy grande, según datos del estudio de impacto del mercurio en la pequeña minería aurífera realizado por la Iniciativa Oro Responsable.

La Iniciativa Oro Responsable es una alianza público-privada promovida por la Cooperación Suiza.

Florencia Guevara está a la cabeza de una de las 27 familias que viven en Molle Aguada, comunidad perteneciente al municipio de Villa Abecia del departamento de Chuquisaca. Ahí, donde no llega el agua potable y una quebrada árida es el único camino que comunica las distantes casas construidas hasta el borde de los cerros, llegó maquinaria pesada, aunque no precisamente para mejorar el acceso vial, sino para extraer oro de manera ilegal.

La crianza de chivas, venta de carne y queso son el sustento económico de estas familias. Florencia ofrece lo que tiene, un plato de mote y queso fresco que acaba de sacar de una caja de madera que está en el patio de su casa. Al fondo, una huerta de duraznos que no dio frutos porque las plantas enfermaron, algo que parece no desanimarla, pero tampoco deja de preocuparla.

Ella, como las demás familias del lugar, no quiere vivir las mismas consecuencias que trajo el mercurio por la fiebre del oro en comunidades indígenas de la Amazonia.

En las palabras de Florencia resuena la voz de Molle Aguada, relata que la empresa unipersonal Anselmo Ortiz está presente en la zona un poco más de tres años, con la explotación minera que avanzó entre las sombras.

Desde la comunidad hasta el lugar de explotación a orillas del río San Juan del Oro, se debe caminar más de dos horas entre cerros áridos y sendas improvisadas. En automóvil se tarda un tiempo similar por una estrecha y sinuosa quebrada, cuyo único acceso es por el vecino municipio de Culpina.

Florencia conoce el área de explotación ilegal como la palma de su mano. Creció allí junto a sus padres y tíos, el lugar es más conocido como K’uchu Pujru.

También fue testigo de cómo la empresa minera se aprovechó de quienes habitaban el lugar, que en su mayoría, eran personas de avanzada edad. Según relata la comunaria, los engañaron con promesas que no fueron cumplidas.

“Habían pedido permiso con la promesa de instalarles una toma de agua desde una vertiente cercana y después ofrecieron apoyarlos para arreglar el camino, pero no cumplieron”, recuerda Florencia con semblante cabizbajo, porque su padre que falleció hace unos meses y el resto de sus familiares migraron a otros departamentos.

Las dificultades que tienen los comunarios de esa zona para acceder al agua potable, hacen que el suministro sea dotado por cisternas o barriles, mientras la empresa que realiza la explotación ilegal de oro se lleva recursos económicos que no retornan.

El dueño de la empresa Anselmo Ortíz apareció en la comunidad cuando su actividad se puso en evidencia, dijo a los pobladores que tenía autorizaciones, permisos para operar y licencia ambiental, situación que no era cierta, según testimonios de comunarios, como también lo reflejan documentos de inspecciones de autoridades de Chuquisaca, tanto municipales como departamentales.

La explotación ilegal del oro en Bolivia es una realidad cotidiana. El Gobierno Departamental de Potosí, identificó en noviembre de 2023 más de 200 operaciones extractivas ilegales de este metal en la cuenca del río San Juan del Oro del municipio de Tupiza.

A la lista también se suman dos empresas que extraen oro en la microcuenca baja en el límite entre los departamentos de Chuquisaca y Tarija, donde también operan sin permiso de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), ni licencia ambiental requerida.

Estas últimas áreas tampoco figuran en el registro de producción de oro en Bolivia, según consta en el anuario estadístico y situación de la minería 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo a mapas facilitados por el Servicio Geológico Minero (Sergeomin) en el río San Juan del Oro se identificaron tres anomalías de oro (AU) secundario de placeres (depósitos auríferos acumulados en arenas), y con otros documentos se logró identificar a las empresas Anselmo Ortíz y Bombori Srl., las que operan sin autorización en dos sectores.

En cuanto a otros metales identificados en el mapa, se evidencia un depósito de plomo (Pb) en el extremo este del río, igualmente al oeste.

En territorio del departamento de Potosí hay áreas que contienen cobre, plata, plomo y zinc. Todos juntos, dentro del margen de la cuenca del San Juan del Oro, son más de media centena de yacimientos metálicos, de los que la AJAM prefiere guardar silencio sobre sus concesiones como de sus operadores legales o ilegales.

Una auditoría de desempeño ambiental del 16 de noviembre de 2018 realizada por la Contraloría General del Estado en la cuenca alta del río San Juan del Oro, remarca que no solo el mercurio es una amenaza para los ribereños, sino que existe una concentración elevada de otros metales pesados como arsénico, aluminio, cadmio, fosfato, nitrato y sulfato que superan el mínimo permitido por la norma ambiental boliviana.

Los citados datos se vuelven a confirmar con el análisis de Evaluación del contenido de metales en la cuenca del Pilcomayo realizado por el Centro de Análisis de Investigación y Desarrollo de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) para esta investigación de Verdad con Tinta en alianza con Acceso Investigativo.

Con dicho estudio se evidencia la variabilidad temporal y espacial de la presencia como de la distribución de metales en la cuenca del Pilcomayo y sus afluentes en territorio boliviano, con datos de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo (CTN) del período 2007- 2022.

Los resultados de las estaciones Chuquiago y El Puente en la subcuenca del río San Juan del Oro demuestran que los niveles máximos de metales totales, en particular arsénico, cadmio, mercurio, níquel, manganeso, selenio, plomo y cromo, superan los valores establecidos en las normativas de referencia.

El estudio revela que en la mayoría de las estaciones de monitoreo de la cuenca del Pilcomayo la concentración de estos metales es elevada, y plantea un riesgo potencial para la salud humana como para el ecosistema acuático.

Florencia Guevara no es la única habitante que lucha contra la explotación desmedida y el riesgo ambiental, otro de los comunarios es Teófilo Anagua, quien denuncia que la empresa Anselmo Ortiz aprovechó la falta de conocimiento sobre la normativa legal en minería y medioambiente.

La Ley de Minería y Metalurgia define en el artículo 104 a la minería ilegal como la actividad de explotación de recursos minerales que se realiza sin contar con la autorización o derecho otorgado.

“Rechazamos la explotación minera de oro en el sector de K’uchu Pujru, de la comunidad de Molle Aguada por la empresa Anselmo Ortiz y otras mineras por no contar con licencia ambiental y actuar de manera maliciosa haciendo firmar documentos a personas mayores”, versa un acta de reunión de emergencia del 10 de agosto de 2023.

La denuncia e inspecciones para que la empresa deje de operar, fueron gestiones comunitarias y de algunos dirigentes de la Central Única de Trabajadores Campesinos de Villa Abecia.

Los dirigentes campesinos presionaron a las autoridades municipales y departamentales para que paralicen la actividad de explotación ilegal de oro en la ribera de río San Juan del Oro.

Un trabajador de la minería artesanal de oro en Molle Aguada, que pidió guardar su identidad, reveló que en esa zona se obtienen entre 300 y 350 gramos de oro en 24 horas de trabajo. La actividad de explotación es realizada durante cuatro días a la semana y luego, los trabajadores salen a su respectiva comercialización, persistiendo de manera concurrente esta situación.

Clausuras sin éxito

La empresa unipersonal Anselmo Ortiz operó por más de tres años sin ningún control de autoridades nacionales, departamentales o municipales. Hasta ahora, ha vuelto a desafíar a quienes suspendieron su actividad el 2023, porque en enero de 2024 volvió con su maquinaria a la misma zona.

El presidente del Concejo Municipal de Villa Abecia Ciro Rengifo Carnicel asegura que realizaron gestiones e inspecciones, pero el tema minero es algo nuevo para ellos, pues la zona es de vocación productiva. Además, por la importancia y delicadeza del tema, gestionan cursos de capacitación para que los comunarios no sean engañados por operadores mineros que les hagan firmar actas de compromisos que les dejen ingresar a la zona.

La empresa Anselmo Ortiz estaba en etapa de explotación sin un plan de manejo de desmontes, señalización, contenedores para diferentes tipos de residuos, ni piscinas de sedimentación con draga para la recuperación y lavado de oro, menos con licencia ambiental, según la resolución de suspensión de actividades de la Gobernación de Chuquisaca a la que se tuvo acceso para esta investigación. Con esas evidencias, desde la Gobernación chuquisaqueña lograron suspender en agosto de 2023 la actividad ilegal.

Uno de los motivos que llevó a las autoridades a esa determinación, fue la presunción del uso del mercurio por el intenso movimiento de tierras, dato que consta en los documentos de inspección.

Armando Cruz Choque, alcalde de Villa Abecia, confirma que se llevaron muestras de agua durante la inspección conjunta realizada el 7 de julio de 2023 entre el Gobierno Departamental y el Gobierno Municipal, aunque todavía no tienen los resultados sobre la posible presencia de mercurio en la cuenca.

“Hay mayor probabilidad que se esté usando el mercurio para recuperar y este elemento es más accesible al productor y más económico”, señala el informe técnico del Gobierno Departamental de Chuquisaca.

El informe indica que el mercurio puede contaminar las aguas del San Juan del Oro, el cual desemboca en el Pilcomayo a través de los caudales de los ríos Camblaya y Pilaya.

El exdirector de Gestión Minera de la Gobernación de Chuquisaca Walter Taboada, se sincera y confiesa que no llevaron las muestras a un laboratorio acreditado por falta de recursos económicos y tiempo. “No hemos tenido digamos la oportunidad de trasladar a un laboratorio acreditado por tiempo y economía, manejamos un POA (plan operativo anual) y no está inscrito”.

La Ley 535 de Minería y Metalurgia no establece claramente de quién es la responsabilidad de tomar muestras de agua cuando hay una explotación minera ilegal.

Florencia Guevara remarca que la mayor preocupación de los comunarios de Molle Aguada, es la presencia de mercurio, un metal líquido volátil y altamente tóxico, de fácil acceso en Bolivia.

Según el boletín estadístico del Viceministerio de Comercio Interno el país se convirtió en el año 2020 en el principal importador mundial de mercurio, con un volumen de 165,2 toneladas, utilizado en la minería artesanal de oro.

Según especialistas de la Iniciativa Oro Responsable y la fundación Medmin (Medioambiente, minería e industria), el uso de mercurio en la pequeña minería en Bolivia es de 0.4 kg de mercurio por un kilogramo de oro. En Molle Aguada se estima una extracción promedio de un kilogramo de oro cada tres días.

Otras técnicas de la pequeña minería incluyen el cianuro que necesita un manejo específico pero que es más efectivo para la recuperación del oro.

Las empresas con mayores recursos utilizan otras tecnologías que no involucran contaminantes como la mesa gravimétrica, la que se propone como alternativa en el programa Planet Gold que fue implementado en Bolivia desde 2023.

Anselmo Ortiz Cruz, de quien su empresa lleva su nombre, optó por no atender las llamadas telefónicas realizadas para consultarle sobre la actividad minera en Molle Aguada.

Contratos mineros en Tarija

Según los informes enviados en octubre de 2023 por el Ministerio de Minería y Metalurgia al legislativo nacional, en la AJAM no cursa registro de derechos otorgados o concedidos a la empresa unipersonal Anselmo Ortiz para explotación minera.

Si bien es una de las nueve empresas que solicitó contratos administrativos mineros para la explotación en área del río San Juan del Oro en el límite de Chuquisaca y Tarija, solo se trata de un proceso en trámite, pero no está autorizada para la explotación.

Además, entre los principales hallazgos de estos documentos, se evidencia que existen más de 100 solicitudes de contratos administrativo mineros en el departamento de Tarija, aunque no precisan el material a extraer ni el tipo de documentación presentada.

Para la investigación periodística se enviaron solicitudes de información a la AJAM, pero esta entidad en su regional de Tupiza no quiso recepcionar la documentación y luego optó por el silencio.

La alcaldesa del municipio El Puente Sara Armella Rueda, ubicado en el norte del departamento de Tarija, ha intentado recabar información de la AJAM sobre las actividades mineras en su jurisdicción, pero esta institución estatal tampoco atendió su requerimiento.

Otra extractora de oro

La búsqueda de oro aluvial en los límites entre Chuquisaca y Tarija no cesa, la empresa minera y constructora Bombori S.R.L. también desplegó sus operaciones en la frontera interdepartamental, aunque carece de autorización para la explotación, intentó un primer acercamiento con los comunarios de Molle Aguada, según relata Florencia Guevara.

Los representantes de la citada empresa al recibir una respuesta negativa, advirtieron a los pobladoes que entrarían “con o sin autorización de la comunidad”.

La empresa con sede en Potosí, tiene como representante legal a Augusto Marca, según datos que constan en la licencia emitida por la AJAM.

Bombori S.R.L. tiene licencia del 3 de mayo de 2021 para trabajos de prospección y exploración minera por otorgación de 44 cuadrículas en los municipios de El Puente en Tarija, Culpina y Villa Abecia en Chuquisaca.

“La AJAM manifiesta que la actual zona de explotación minera en el área de Paicho Candelaria es jurisdicción del departamento de Chuquisaca, pero está en nuestro municipio”, precisó la alcaldesa de El Puente Sara Armella sobre la autorización para la operación de la actividad minera.

De acuerdo a la inspección realizada el 7 de noviembre de 2023 por ejecutivos y técnicos de la Gobernación de Tarija y de la Alcaldía de El Puente, el área minera se encuentra en “etapa de operación”, cuenta con un campamento en la zona, y se detectaron irregularidades como el lavado de material sólido y el movimiento de maquinaria, pero no tiene un área para el manejo de residuos líquidos y sólidos, falta almacenamiento y señalización, tampoco se pudo verificar si posee licencia ambiental.

El director de Gestión Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Tarija Reiner Figueroa Robles aclaró que no emitieron “ninguna licencia ambiental” para la explotación minera en territorio del departamento.

En la inspección realizada en noviembre de 2023, la Gobernación de Tarija solicitó a la empresa que presente su documentación habilitante.

La Gobernación de Tarija indicó en enero de 2024 que no tenía respuesta de la empresa.

Sin embargo, funcionarios de la Gobernación tarijeña que pidieron reserva de su nombre, confirmaron que la documentación presentada consiste en la licencia de prospección y exploración otorgada por la AJAM, poder del representante legal, matrícula de comercio emitida por el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), además de una nota de trámite de presentación del formulario EMAP.

El formulario EMAP es un documento específico para las actividades de exploración, reconocimiento, desarrollo, preparación, explotación minera y concetración de minerales con impactos ambientales conocidos no significativos, según establece el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Estos documentos fueron presentados ante la Gobernación de Chuquisaca, jurisdicción donde tiene asignada la mayor cantidad de cuadrículas.

Se desconoce de las acciones de la Gobernación de Tarija para la fiscalización de la explotación ilegal de oro en la zona alta, pues la documentación presentada por la empresa solo acredita una licencia de exploración y prospección.

La nota de trámite del formulario ambiental EMAP ante la Gobernación de Chuquisaca fue presentada el 9 de noviembre de 2023, después de la inspección realizada por autoridades tarijeñas.

Un antecedente de explotación ilegal minera en el municipio de El Puente es el caso de la mina La Huarmacheña, cuya actividad fue suspendida en 2022.

Autoridades municipales y la AJAM presentaron una querella penal por la evidencia de la explotación de plata, plomo y zinc, vertiendo pasivos ambientales al río San Juan del Oro y al Pilcomayo.

Minería ilegal, un peligro latente

La alcaldesa Sara Armella de El Puente explicó que hizo la solicitud formal de reuniones e información a la AJAM sobre cuáles son las empresas que están en proceso de trámite, con contratos mineros u operando dentro de su jurisdicción, pero no obtuvo respuesta. El argumento de la entidad estatal es que el sistema no se encontraba actualizado.

La diputada opositora Esther Sánchez Gareca realizó peticiones de informe escritos a diferentes reparticiones del Gobierno nacional sobre las autorizaciones a las empresas mineras en el país.

Diferentes informes como del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) sostienen que la mayor contaminación en el río San Juan del Oro proviene de actividades intensivas de minería en la cuenca alta del departamento de Potosí, además de la rotura de un dique de colas de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin) ocurrida en el año 2022, la cual provocó graves daños ambientales.

Florencia y Teófilo son algunas de las personas que habitan estos recónditos lugares, sus municipios no reciben regalías mineras por la explotación ilegal, pese a que son los directos afectados de los impactos negativos, especialmente en la agricultura, que es su principal fuente de subsistencia.

En el caso de la agricultura, reduce el agua para riego, contamina cultivos y es un riesgo para el consumo humano.

De acuerdo a datos del Gobierno Municipal de El Puente con el agua del río San Juan del Oro se riegan 830 hectáreas de cultivos.

La actividad agrícola también es el principal soporte de municipios vecinos como Villa Abecia del lado chuquisaqueño, donde su alcalde Armando Cruz subrayó que la región es eminente productora de diversas hortalizas y frutas, motivo por el que la minería “no es bienvenida”.

“La contaminación aguas abajo va al Pilcomayo y nosotros consumimos el sábalo y otros productos”, declaró.

Gonzalo Mondaca es ingeniero ambiental e investigador adjunto del Centro de Documentación e Investigación Boliviana (Cedib), quien advirtió que el uso de mercurio implica la contaminación de todo un ecosistema.

El ingeniero ambiental lamentó que no hay estudios en ese nivel de profundidad, en el caso de la zona aledaña al río San Juan de Oro que es una región en proceso de desertización, es decir, que está reduciendo de forma irreversible su productividad.

En este caso, cuando una actividad minera se instala cerca de una fuente de agua, compite con la comunidad en el acceso a este recurso básico.

En los reportes del Sistema Nacional de Información en Salud, proporcionado por el Servicio Departamental de Salud de Tarija (Sedes) en las postas sanitarias de El Carrizal y Santa Ana de Belén del municipio de El Puente en la provincia Méndez se registra un alto índice de casos de enfermedades del sistema respiratorio y digestivo.

El propio Sedes no cuenta con un análisis detallado de los casos registrados en estos centros de salud que permita relacionarlos con el consumo de metales pesados por la contaminación del agua.

Crece la exportación de oro junto a la minería ilegal

La fiebre del oro en Bolivia se evidencia en datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) que señalan que en el período 2005-2022 las exportaciones de este metal acumularon 16 mil millones de dólares por la venta de 673 toneladas.

Ya en el año 2022 se logró un récord de exportación, con un total de 64 toneladas con un valor superior a los 3000 millones de dólares, vendiéndose principalmente formas de oro en bruto.

Un 50 % de estas exportaciones fueron a India como principal destino con equivalentes a un 16,6 % del total exportado por Bolivia en 2022.

El informe remarca que hasta agosto de 2023, el país exportó 39 toneladas por un valor de 1794 millones de dólares.

Gonzalo Mondaca advirtió que el impacto de la pequeña minería puede ser mayor a lo que ocasionan las grandes corporaciones mineras, tomando en cuenta que trabajan con poca tecnología para evitar la contaminación y cumplir con las normas exigidas de impacto ambiental.

Para el investigador Alfredo Zaconeta Torrico que es parte del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), la situación de la minería ilegal es más compleja e identifica siete categorías de ilegalidad.

Zaconeta indicó que existen cooperativas mineras que logran mediante maniobras concesiones, se asocian con empresas extranjeras, fomentan el desvío de combustible, evaden impuestos, adquieren tierras para otros fines y no declaran la actividad.

Las empresas mineras identificadas siguen explotando oro en la ilegalidad, mientras las autoridades no se ponen de acuerdo para coordinar acciones, la contaminación no cesa en Molle Aguada, y la suspensión realizada a la empresa Anselmo Ortiz en agosto de 2023 no se cumple, lo revela una última inspección realizada el 18 de enero por funcionarios de la Gobernación de Chuquisaca.

Las intenciones de las autoridades de accionar recursos ante el Tribunal Agroambiental, ministerios o AJAM, parece no tener ningún efecto en el corto plazo frente a una minería ilegal que continúa explotando oro sin dejar regalías a los departamentos y sumando más contaminación a la cuenca del Pilcomayo.

En tanto, Florencia Guevara, Teófilo Anagua y otros comunarios que en anonimato brindaron su declaración para esta investigación siguen con la lucha precaria de decir “no a la minería ilegal” ni a la contaminación ambiental.

Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Spotlight XVII de la Fundación para el Periodismo (FPP) y Acceso Investigativo, en el marco del proyecto El Pilcomayo a Profundidad, con el apoyo de la Fundación Avina, financiado por Voces para la Acción Climática (VAC).